Puebla de Azaba cuenta con un parque inmobiliario predominantemente rural, compuesto por 285 unidades donde destacan las casas de pueblo unifamiliares. Gran parte de estas construcciones son anteriores al Código Técnico de la Edificación de 2006, lo que suele derivar en calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G. Al estar en la zona climática D3, el principal gasto energético se destina a calefacción durante los meses de invierno. Las viviendas que han renovado ventanas por sistemas de rotura de puente térmico y han sustituido calderas de gasoil por biomasa o aerotermia pueden aspirar a una letra D o incluso C. En el caso de rehabilitaciones integrales, es posible alcanzar niveles B o A, lo cual revaloriza significativamente el inmueble en el mercado inmobiliario de la provincia de Salamanca.
El registro de certificados de eficiencia energética en Puebla de Azaba se realiza de forma telemática ante el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), organismo dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. La normativa autonómica exige el pago de una tasa de 29,10 euros para viviendas individuales y locales. Este registro es el que otorga validez legal al certificado y genera la etiqueta energética oficial, necesaria para cualquier anuncio en portales inmobiliarios. El incumplimiento de este registro o la falta del certificado en una compraventa puede acarrear la nulidad del contrato y sanciones administrativas según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
No disponer del certificado energético para alquilar o vender una vivienda en Puebla de Azaba conlleva riesgos legales y económicos importantes. Las infracciones se tipifican en tres niveles: leves, graves y muy graves. Una multa leve (de 300€ a 600€) puede imponerse simplemente por publicitar el inmueble en Idealista o Fotocasa sin mostrar la etiqueta. Las multas graves (601€ a 1.000€) se aplican si se vende o alquila sin entregar el certificado al comprador o arrendatario. Finalmente, las muy graves pueden alcanzar los 6.000€ si se falsea la información del certificado. Además, el comprador podría impugnar el contrato por vicios ocultos, generando un perjuicio económico mucho mayor que el coste de realizar el trámite correctamente.