El parque de viviendas de Portomarín, compuesto por aproximadamente 754 unidades, tiene una historia singular. Tras el anegamiento del antiguo pueblo por el embalse de Belesar en 1962, gran parte del casco urbano actual se construyó en esa década. Esto implica que muchas edificaciones presentan una calificación energética típica de E o F, debido a la ausencia de aislamiento térmico en cámaras de aire y al uso de ventanas de vidrio sencillo. En las zonas rurales y parroquias del municipio, predominan las construcciones de piedra que, aunque tienen mucha inercia térmica, suelen calificar bajo por la falta de eficiencia en sus sistemas de calefacción por biomasa o electricidad. Para mejorar la letra en la escala energética de Portomarín, las intervenciones más efectivas suelen ser el trasdosado interior de muros y la sustitución de ventanas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, vitales para la zona climática C1.
La normativa que regula la certificación energética en Portomarín emana del Ministerio para la Transición Ecológica a nivel estatal, pero su gestión operativa recae en la Xunta de Galicia. El órgano encargado es el Instituto Enerxético de Galicia (INEGA). Según la normativa gallega, es obligatorio que cualquier anuncio publicitario de venta o alquiler incluya la imagen de la etiqueta energética oficial. El registro en el INEGA garantiza que el certificado tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la última actualización legislativa. Una vez registrado, el propietario recibe un código de registro y la etiqueta con el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2. Este proceso es fundamental para evitar sanciones administrativas y dotar de transparencia al mercado inmobiliario gallego.
No disponer del certificado energético en Portomarín cuando existe obligación legal puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves. Por ejemplo, publicitar una vivienda en portales inmobiliarios sin mencionar la calificación energética puede conllevar multas de 300€ a 600€. En casos de venta ante notario sin entregar el certificado original al comprador, la infracción se considera grave, con multas que pueden alcanzar los 1.000€. Además de la sanción económica, el contrato de compraventa o arrendamiento podría ser impugnado por el adquirente al no haberse cumplido con los deberes de información técnica obligatoria. En una localidad con alta relevancia turística por el Camino de Santiago, el control sobre los alquileres de larga duración y locales comerciales es cada vez más estricto por parte de la inspección autonómica.