El parque de viviendas de Portillo, compuesto por unas 1.471 unidades, presenta una tipología mixta. En el casco histórico, predominan construcciones de muros de carga de gran espesor pero con escaso aislamiento térmico, donde la calificación energética típica suele situarse entre la E y la G. Por otro lado, las viviendas unifamiliares construidas tras la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación en 2007 suelen alcanzar niveles D o incluso C. Dado que Portillo se encuentra en la zona climática D3, el consumo en calefacción durante los meses de invierno es el factor que más penaliza la etiqueta. Para mejorar la letra en esta zona de Valladolid, las actuaciones más efectivas suelen ser el trasdosado de fachadas con aislante de al menos 6-8 cm y la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, lo que puede elevar la calificación hasta dos niveles superiores.
La normativa que regula la eficiencia energética en Portillo emana del Real Decreto 390/2021 a nivel nacional y de las directrices de la Junta de Castilla y León. El órgano encargado de la gestión de estos documentos es el EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León), a través de su plataforma de registro CEREN. Es fundamental que, una vez emitido el certificado, este sea registrado oficialmente para que tenga validez legal; un certificado no registrado es como si no existiera ante una inspección o una firma notarial. La etiqueta energética resultante tiene una validez de 10 años, excepto cuando la calificación es de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Fuentes oficiales como el Ministerio para la Transición Ecológica recalcan que este registro es público y puede ser consultado por cualquier interesado en la compra o alquiler de la vivienda.
No disponer del certificado energético en Portillo cuando existe la obligación legal conlleva riesgos económicos importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones leves, como anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética en portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, pueden acarrear multas de 300€ a 600€. Las infracciones graves, como no entregar el certificado al comprador o arrendatario, pueden ascender hasta los 1.000€. Por último, falsear los datos del certificado se considera una infracción muy grave con sanciones de hasta 6.000€. En una localidad de 2.505 habitantes donde el mercado de alquiler residencial es activo, el control administrativo sobre la posesión de la etiqueta es cada vez más estricto, siendo un requisito indispensable para la firma de cualquier contrato ante notario o para solicitar ayudas a la rehabilitación energética.