Para que un certificado de eficiencia energética Moríñigo sea legal, debe estar firmado por un técnico competente. Según la normativa vigente, estos profesionales deben poseer una titulación habilitante como arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería o ingeniería técnica, y estar colegiados en su respectivo colegio profesional. En una localidad rural como Moríñigo, es vital contar con un técnico que conozca las particularidades constructivas de la zona de Salamanca. El profesional realizará una inspección al inmueble obligatoria donde revisará la envolvente térmica (muros, techos y suelos) y las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria. Su labor no es solo emitir una letra de la A a la G, sino asesorar al propietario sobre cómo reducir su factura de luz y gas mediante mejoras específicas adaptadas al clima salmantino.
Moríñigo cuenta con un parque inmobiliario consolidado de aproximadamente 104 viviendas, donde predominan las construcciones unifamiliares de tipología rural y algunas viviendas de mediados del siglo XX. Debido a que gran parte de estas edificaciones se construyeron antes de la entrada en vigor de normativas de aislamiento modernas como el CTE 2006, la calificación más frecuente que solemos encontrar se sitúa entre las letras E y G. Las viviendas en la zona climática D3 de Salamanca sufren pérdidas térmicas considerables a través de muros de piedra o ladrillo sin cámara de aire. Para mejorar la etiqueta energética Moríñigo, las intervenciones más efectivas suelen ser la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, así como la instalación de calderas de condensación o sistemas de biomasa, muy comunes en entornos rurales de Castilla y León.
El marco legal que regula el CEE Moríñigo es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, pero su gestión administrativa depende directamente de la Junta de Castilla y León. El órgano encargado de la tutela y supervisión es el EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León). Es obligatorio que el certificado esté inscrito en su registro oficial para que tenga validez jurídica. Una vez registrado, la administración emite la etiqueta energética, que tiene una validez máxima de 10 años, excepto si la calificación obtenida es una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es importante conservar el documento original y el justificante de registro, ya que serán solicitados por el notario en el momento de la firma de una compraventa o por el inquilino al formalizar un contrato de alquiler en el municipio.
No disponer del certificado energético en Moríñigo al anunciar una vivienda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las multas se dividen en tres niveles: leves (de 300€ a 600€) por anunciar el inmueble sin mencionar la calificación; graves (de 601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado válido; y muy graves (de 1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado del documento. En una zona de baja densidad como Moríñigo, el control suele realizarse a través de portales inmobiliarios donde la ausencia de la etiqueta es fácilmente detectable por la administración. Además de la multa, el contrato de compraventa o alquiler podría ser impugnado por el receptor al carecer de una información esencial sobre el consumo energético del edificio.