El parque de viviendas de Monda, compuesto por aproximadamente 1286 unidades, presenta una dualidad clara. Por un lado, el casco antiguo cuenta con construcciones tradicionales de muros gruesos que ofrecen una inercia térmica interesante pero suelen carecer de aislamiento moderno, situándose frecuentemente en las letras E o F. Por otro lado, las viviendas construidas entre los años 2000 y 2010 suelen alcanzar una calificación D. Al estar en la zona climática D3, el consumo en calefacción durante los meses de invierno es un factor determinante. Las mejoras más efectivas en esta zona para subir de letra suelen ser el trasdosado de fachadas con aislamiento térmico y la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, lo que puede reducir el consumo energético hasta en un 40%.
La normativa que regula el certificado energético en Monda se basa en el marco estatal del RD 390/2021, pero su gestión práctica recae en la Junta de Andalucía a través del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios. Este organismo, dependiente de la Consejería competente en materia de energía, es el encargado de supervisar que todos los certificados presentados cumplan con los requisitos técnicos exigidos. En Andalucía, el trámite se realiza de forma 100% telemática a través de la plataforma PICA. Una gran ventaja para los propietarios en Monda es que, a diferencia de otras comunidades autónomas, el registro de certificados para viviendas individuales y edificios de viviendas está exento de tasas administrativas (0€ de tasa oficial en la actualidad), lo que reduce el coste total del trámite. Este certificado tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años.
No disponer del certificado energético en Monda al anunciar un inmueble para venta o alquiler puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se dividen en tres niveles: leves (300€ a 600€) por no incluir la etiqueta en los anuncios; graves (601€ a 1.000€) por no entregar el certificado al comprador o arrendatario; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear la información. En un mercado como el malagueño, donde el alquiler residencial y el interés de compradores extranjeros es creciente, la vigilancia sobre la existencia de la etiqueta energética en portales inmobiliarios ha aumentado considerablemente, siendo un requisito indispensable para la publicación legal del anuncio.