El parque de viviendas de Marzales es reducido, con apenas 41 unidades censadas, compuestas fundamentalmente por viviendas unifamiliares de arquitectura tradicional y algunas construcciones de finales del siglo XX. Debido a su ubicación en la zona climática D3, donde la demanda de calefacción es alta, la mayoría de las viviendas antiguas suelen obtener una calificación energética E o G. Esto se debe principalmente a la ausencia de aislamiento en muros de piedra o ladrillo macizo y a carpinterías metálicas sin rotura de puente térmico. Para mejorar esta letra y alcanzar una C o D, las recomendaciones más efectivas en Marzales suelen ser la instalación de calderas de biomasa (aprovechando recursos locales) y el trasdosado interior de fachadas con lana de roca o poliestireno extruido, lo que reduce drásticamente las pérdidas de calor en invierno.
La normativa aplicable es el Real Decreto 390/2021, que endureció las exigencias para locales y viviendas. En Castilla y León, el organismo encargado de gestionar las certificaciones es el EREN (Ente Regional de la Energía). El registro es obligatorio y telemático, requiriendo el pago de la tasa correspondiente para que el certificado tenga validez legal ante terceros. Una vez registrado, el certificado tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es fundamental conservar el justificante de registro y la etiqueta, ya que son documentos que el notario exigirá en el momento de la compraventa o que el arrendatario puede solicitar antes de firmar el contrato de alquiler.
No disponer del certificado energético en Marzales al anunciar una propiedad puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las multas se dividen en tres categorías: leves (300€ a 600€) por anunciar sin mencionar la calificación; graves (601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado; y muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear el resultado o actuar sin ser técnico competente. En una localidad pequeña como Marzales, cualquier transacción inmobiliaria o alta en plataformas de alquiler vacacional está bajo la lupa inspectora, por lo que el coste del certificado es ínfimo comparado con el riesgo de una sanción administrativa.