La normativa estatal exige que el certificado sea suscrito por un técnico competente que posea la titulación académica habilitante, tales como arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos. En Marchal, contamos con un equipo de profesionales colegiados con amplia experiencia en la arquitectura tradicional de la zona de Guadix, incluyendo las singulares casas cueva y viviendas unifamiliares. Es fundamental que el técnico realice una inspección al inmueble física, donde verificará elementos críticos como el espesor de los muros, el tipo de carpintería (ventanas), la orientación y los sistemas de climatización (calderas, aire acondicionado o estufas de biomasa). No confíes en servicios que prometen el certificado sin visita, ya que carecen de validez legal y pueden derivar en sanciones administrativas graves.
El parque de viviendas de Marchal, compuesto por unas 181 unidades, presenta una tipología mixta muy interesante. Por un lado, encontramos el núcleo histórico con viviendas unifamiliares de muros de carga gruesos y, por otro, las famosas construcciones excavadas o cuevas, que ofrecen una inercia térmica excepcional. La mayoría de las viviendas construidas antes de 1980 suelen obtener calificaciones entre la E y la G debido a la falta de aislamiento en cubiertas. Sin embargo, en las reformas recientes, la instalación de doble acristalamiento y sistemas de calefacción eficiente permiten subir a letras C o D. En esta zona climática D3, la mejora más efectiva suele ser el trasdosado de fachadas y la sustitución de antiguas calderas por sistemas de aerotermia o pellets, lo que puede reducir el consumo energético en más de un 40%.
En Andalucía, el procedimiento de certificación energética está regulado por el Decreto 226/2020 y el marco estatal del RD 390/2021. El órgano encargado de gestionar estos expedientes es el Registro de Certificados Energéticos de la Junta de Andalucía, integrado en el PUEA (Punto Unificado de Entradas de la Junta de Andalucía). Una particularidad de esta comunidad es la transparencia en la consulta de etiquetas, permitiendo a los compradores verificar la validez del documento. El certificado tiene una vigencia máxima de 10 años, excepto cuando la calificación es de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es responsabilidad del propietario renovar el documento antes de su vencimiento si el inmueble sigue en el mercado de alquiler o venta.
La Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, establece un régimen sancionador estricto para el incumplimiento de la certificación energética. En Marchal, no disponer del certificado para anunciar un piso en portales inmobiliarios se considera una infracción leve con multas de 300 a 600 euros. Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado original al nuevo usuario puede elevar la sanción a la categoría de grave, con multas de hasta 1.200 euros. En casos de falsificación de datos o publicidad engañosa, las sanciones muy graves pueden alcanzar los 6.000 euros. Además de la multa económica, el contrato de arrendamiento o la escritura de compraventa podrían ser impugnados por el receptor del inmueble por incumplimiento de los requisitos informativos legales.