Lupión es un núcleo rural con una tipología de vivienda predominantemente unifamiliar y construcciones que, en gran parte, son anteriores a la normativa de eficiencia energética de 2007. Por ello, la calificación energética típica que solemos encontrar en la zona oscila entre las letras E y G. Al estar en la zona climática D3, las mayores pérdidas de energía se producen por falta de aislamiento en cubiertas y el uso de carpinterías de aluminio sencillo. Para mejorar la nota y subir a una letra D o C, las recomendaciones más efectivas en Lupión suelen ser la instalación de calderas de biomasa (aprovechando recursos locales) y la sustitución de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. Un certificado bien realizado no solo otorga una letra, sino que propone mejoras reales para reducir la factura de luz y gas.
En Andalucía, el registro de certificados energéticos está gestionado por la Consejería competente en materia de energía a través de su plataforma telemática. El marco normativo estatal se complementa con las directrices de la Junta, que exige la presentación digital de todos los certificados. Una vez registrado, se emite la etiqueta energética oficial, que debe incluirse en cualquier oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del inmueble. El cumplimiento de esta normativa es supervisado tanto por la administración autonómica como por portales inmobiliarios, siguiendo las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el IDAE. No disponer del registro oficial invalida el certificado para cualquier escritura ante notario en la provincia de Jaén.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece un régimen sancionador estricto. En Lupión, las infracciones más comunes son publicitar una vivienda en alquiler sin mencionar su calificación o no entregar el certificado original al comprador en la firma de escrituras. Las multas leves oscilan entre 300€ y 600€, mientras que las graves o muy graves, como falsear el resultado, pueden alcanzar los 6.000€. Además de la sanción económica, la ausencia del certificado puede dar lugar a la rescisión del contrato de alquiler por parte del inquilino o a la paralización de la venta en la notaría. Es un gasto mínimo comparado con los riesgos legales y financieros que supone su omisión.