El parque de viviendas de La Seca, compuesto por unas 657 unidades, presenta una tipología mixta donde predominan las viviendas unifamiliares de arquitectura tradicional y edificios de baja altura. Gran parte del parque fue construido antes de la entrada en vigor del CTE de 2006, lo que sitúa la calificación energética típica entre las letras E y G. Al estar en la zona climática D3, las viviendas sufren inviernos rigurosos, por lo que la falta de aislamiento térmico en muros de adobe o ladrillo antiguo penaliza la nota final. Las viviendas unifamiliares suelen presentar mayores pérdidas de energía por cubierta y fachadas. Para mejorar la letra en el CEE La Seca, las medidas más efectivas suelen ser la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, o la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy comunes en zonas rurales de Valladolid.
En el territorio autonómico, la gestión de la eficiencia energética recae sobre el EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. El registro es un trámite administrativo telemático donde se deposita el archivo .xml generado por el software oficial. Una vez registrado, se obtiene la etiqueta energética oficial, que es el documento que realmente exige el notario o el arrendatario. El marco legal se apoya en el Real Decreto 390/2021, que amplió la obligatoriedad del certificado a inmuebles con una superficie útil superior a 50 m² cuando se destinan a alquiler o venta, y a edificios públicos. La validez general del certificado es de 10 años, excepto cuando la calificación es G, en cuyo caso la validez máxima se reduce a 5 años según la normativa vigente para incentivar la rehabilitación energética.
No disponer del certificado energético en La Seca al anunciar una propiedad puede derivar en sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Publicitar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética o no renovar un certificado caducado.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado válido al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico sin tener la titulación requerida.
En una localidad con alta actividad vinculada al sector vitivinícola y alquileres estacionales, la inspección administrativa es cada vez más frecuente, especialmente en anuncios online de portales como Idealista o Fotocasa.