El parque de viviendas de La Pernía, compuesto por unas 430 unidades, destaca por su carácter rural y tradicional. Muchas de estas construcciones son anteriores a la normativa de aislamiento de 1979, lo que suele resultar en calificaciones energéticas situadas en las letras E, F o G. Estas viviendas suelen presentar muros de piedra o mampostería con gran inercia térmica pero escaso aislamiento, y ventanas que, si no han sido renovadas, permiten infiltraciones de aire frío. Para mejorar la letra en esta zona palentina, las intervenciones más efectivas suelen ser el trasdosado interior con aislante térmico, el cambio de carpinterías por rotura de puente térmico con vidrios bajo emisivos y la sustitución de antiguas calderas por sistemas de biomasa o aerotermia, muy eficientes en entornos de montaña.
El marco legal que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional. En el ámbito autonómico, el registro obligatorio se realiza a través del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Este organismo es el encargado de supervisar que todos los certificados emitidos en municipios como La Pernía cumplan con los requisitos de calidad y veracidad. Una vez el técnico registra el informe, la administración emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es fundamental conservar el justificante de registro, ya que es el documento que los notarios solicitan en el momento de la firma de una compraventa.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece sanciones severas por el incumplimiento de la normativa de eficiencia energética. En La Pernía, anunciar una vivienda en portales inmobiliarios sin mostrar la etiqueta energética puede conllevar multas de entre 300 y 600€. Las infracciones graves, como vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado al comprador o arrendatario, pueden alcanzar los 1.000€, mientras que falsear el resultado de la calificación se considera una infracción muy grave con multas de hasta 6.000€. Además del riesgo económico, la ausencia de este documento puede invalidar el contrato de arrendamiento o paralizar una venta en la notaría, generando complicaciones legales y financieras significativas para el propietario.