El municipio de La Guardia cuenta con un parque de 1.635 viviendas con una tipología diversa. El casco antiguo se caracteriza por viviendas unifamiliares de muros gruesos pero con escaso aislamiento térmico, donde la calificación energética más frecuente oscila entre la E y la G. Por otro lado, las promociones de viviendas construidas entre 2007 y 2019 suelen alcanzar niveles C o D gracias a la aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE).
Dado que La Guardia se sitúa en la zona climática D3, las mayores pérdidas de eficiencia se producen por infiltraciones en carpinterías antiguas. Recomendamos la sustitución de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, así como la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia, lo cual puede elevar la calificación hasta dos letras, incrementando el valor de mercado del inmueble en Toledo.
El registro de los certificados en La Guardia depende de la Dirección General de Transición Energética de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es obligatorio que todo certificado sea inscrito en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la región para que tenga validez jurídica frente a terceros.
Este trámite asegura que el documento cumple con las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Una vez registrado, se emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez de 10 años, excepto en los casos donde la calificación sea G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la normativa vigente desde 2021. Nosotros nos encargamos de toda la gestión administrativa para que el propietario reciba el documento listo para su uso.
La Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, establece un régimen sancionador estricto para quienes incumplan la obligación de disponer del certificado energético en La Guardia. Las infracciones leves, como anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética, pueden acarrear multas de 300€ a 600€.
Infracciones graves, como vender un inmueble sin entregar el certificado al comprador, pueden suponer multas de hasta 6.000€. Además del riesgo económico, la ausencia de este documento puede paralizar la firma ante notario o permitir que el inquilino rescinda el contrato de alquiler por incumplimiento de los requisitos legales. En una localidad con creciente actividad en portales inmobiliarios, la vigilancia administrativa sobre la etiqueta energética es cada vez más rigurosa.