Según lo establecido en el RD 390/2021, el certificado debe ser realizado por un técnico competente que posea la titulación académica y profesional habilitante. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos. En La Frontera, es fundamental que el técnico realice una inspección al inmueble presencial para verificar cerramientos, instalaciones de climatización y orientación. La contratación de un técnico colegiado en la provincia de Cuenca asegura que el profesional conoce las particularidades constructivas de la zona y los requerimientos del registro autonómico. No confíe en servicios que prometen certificados sin visita, ya que carecen de validez legal y pueden derivar en sanciones administrativas graves.
La Frontera cuenta con un parque de aproximadamente 257 viviendas, donde predomina la tipología de vivienda unifamiliar rural y algunas construcciones de finales del siglo XX. Al encontrarse en la zona climática D3, los inmuebles sufren una alta demanda de calefacción durante los meses de invierno. La calificación más común en las viviendas construidas antes del año 2007 suele oscilar entre las letras E y G, debido principalmente a la falta de aislamiento en muros de carga y carpinterías antiguas. Para mejorar la letra en la escala de eficiencia, las recomendaciones técnicas en esta zona suelen centrarse en la sustitución de calderas de gasoil por aerotermia y la mejora del aislamiento en cubiertas, lo que puede elevar la calificación hasta una C o D en edificios rehabilitados.
El marco normativo nacional está definido por el Real Decreto 390/2021, pero la gestión administrativa recae en la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es obligatorio que, tras la visita del técnico, el documento se inscriba en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética autonómico. Una vez registrado, se emite la etiqueta energética oficial, que incluye el número de registro y los datos de consumo de energía primaria no renovable y emisiones de CO2. Este trámite es esencial para que el certificado tenga plena validez jurídica en contratos de compraventa o arrendamiento. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan el cumplimiento de estos estándares a nivel estatal.
La Ley 8/2013 establece un régimen sancionador estricto para quienes incumplan la obligación de disponer del certificado. En La Frontera, las multas pueden variar desde los 300€ hasta los 6.000€ dependiendo de la gravedad de la infracción. Una infracción leve sería anunciar la venta o alquiler de una vivienda en portales inmobiliarios sin mencionar la calificación energética. Las infracciones graves o muy graves incluyen la venta de un inmueble sin entregar el certificado en vigor al comprador o el falseamiento de los datos del documento. Además de la sanción económica, la ausencia del CEE puede paralizar la firma ante notario de una escritura pública, generando retrasos y costes adicionales en la operación inmobiliaria.