Iruelos es un núcleo rural de Salamanca con un parque inmobiliario reducido de apenas 43 unidades. La tipología predominante es la vivienda unifamiliar tradicional, muchas de ellas construidas antes de la normativa térmica de 1979. Debido a esto, es frecuente encontrar calificaciones energéticas bajas, situadas entre las letras E, F y G. Al encontrarse en la zona climática D3, los inviernos son fríos, lo que penaliza el consumo en calefacción si no existen aislamientos modernos. Para mejorar la letra en el certificado, las intervenciones más efectivas en esta zona suelen ser la sustitución de ventanas antiguas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos, o la instalación de calderas de biomasa o sistemas de aerotermia, que aprovechan mejor los recursos en entornos rurales.
La normativa que rige la certificación de eficiencia energética en Iruelos emana del marco estatal del Ministerio para la Transición Ecológica, pero su gestión es autonómica. En Castilla y León, el organismo encargado es el EREN (Ente Regional de la Energía). El registro es un paso indispensable; sin él, el certificado no tiene validez legal. La tasa actual para viviendas unifamiliares o pisos es de 20 euros. Una vez registrado, el propietario recibe la etiqueta energética, que muestra el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2. Este documento tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la normativa vigente.
No disponer del certificado energético en vigor para anunciar, vender o alquilar una vivienda en Iruelos conlleva riesgos legales y económicos. Según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Publicar el anuncio de venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar el inmueble sin entregar el certificado al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear la información del certificado o actuar como técnico sin serlo.
Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado y el proceso de venta paralizado en la notaría, generando retrasos y costes adicionales evitables.