Según marca el RD 390/2021, solo los técnicos competentes con titulación habilitante pueden emitir este documento. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros industriales e ingenieros técnicos debidamente colegiados. En una localidad rural como Garaballa, es vital que el técnico conozca los sistemas constructivos tradicionales de la zona de Cuenca, como los muros de carga de piedra o adobe, que influyen directamente en la transmitancia térmica. La normativa exige una inspección al inmueble obligatoria donde el profesional tomará medidas de las estancias, revisará el tipo de ventanas (vidrios y marcos) y analizará los sistemas de generación de agua caliente y calefacción, como calderas de biomasa o radiadores eléctricos.
Garaballa cuenta con un núcleo urbano consolidado donde predominan las viviendas unifamiliares de tipología tradicional. Dado que gran parte de las 226 viviendas existentes fueron construidas antes de la implantación del Código Técnico de la Edificación (CTE) de 2006, la calificación energética más frecuente se sitúa entre las letras E y G. Estos inmuebles suelen presentar carencias en aislamiento en cubiertas y fachadas. Para mejorar la nota y alcanzar una D o C, las recomendaciones técnicas más habituales en la zona climática D3 incluyen la sustitución de ventanas por modelos con rotura de puente térmico y la instalación de sistemas de calefacción más eficientes, como la aerotermia o calderas de pellets, muy adecuadas para el entorno rural conquense.
El marco legal que regula la eficiencia energética en Garaballa emana del Ministerio para la Transición Ecológica a través del Real Decreto 390/2021. No obstante, la gestión administrativa recae en la Dirección General de Transición Energética de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es obligatorio que todo certificado esté inscrito en el registro autonómico para que tenga validez legal en contratos de compraventa o arrendamiento. Una vez registrado, se emite la etiqueta energética oficial, que tiene una validez máxima de 10 años, a excepción de las calificaciones G, cuya validez se reduce a 5 años. Este documento es indispensable para tramitar ayudas a la rehabilitación energética o fondos Next Generation.
No disponer del certificado energético en vigor al anunciar una propiedad en portales inmobiliarios puede acarrear sanciones económicas considerables según la Ley 8/2013. Las infracciones se dividen en:
- Leves (300€ a 600€): Publicar el anuncio de venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): No entregar el certificado al comprador o arrendatario en el momento de la firma.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear el resultado de la calificación o actuar como técnico certificador sin serlo.
En municipios pequeños como Garaballa, el cumplimiento de esta norma es revisado tanto por los notarios en el momento de la escritura como por las inspecciones de consumo en anuncios públicos.