El parque de viviendas de Galve, compuesto por unas 98 unidades, refleja la tipología típica de los núcleos rurales aragoneses. Predominan las viviendas unifamiliares de muros de carga y estructura de madera o vigueta de hormigón, muchas de ellas construidas antes de la normativa térmica de 1979. Por ello, es frecuente encontrar calificaciones energéticas situadas entre las letras E y G en edificios antiguos. Sin embargo, aquellas viviendas que han reformado sus ventanas por sistemas de rotura de puente térmico o han sustituido antiguas calderas de gasoil por biomasa o aerotermia pueden alcanzar fácilmente una letra D o C. En la zona climática B3-C2 de Galve, las mejoras en el aislamiento de cubiertas son la inversión más rentable para subir de nivel en la escala energética.
La normativa vigente en Galve se apoya en el marco estatal del RD 390/2021 y se ejecuta a través del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Aragón, gestionado por el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Este órgano es el encargado de supervisar la veracidad de los datos y emitir la etiqueta energética oficial. La presentación debe ser telemática y conlleva el pago de la tasa correspondiente. Fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica recalcan que la vigencia del certificado es de 10 años, salvo que la calificación sea de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es responsabilidad del propietario renovar el documento antes de su vencimiento si el inmueble sigue en el mercado inmobiliario.
No disponer del certificado energético Galve al anunciar una propiedad puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones se clasifican en:
- Leves (300€ a 600€): Anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Falsear los datos del certificado o actuar como técnico certificador sin serlo.
En una localidad pequeña como Galve, el control administrativo se intensifica a través de los portales inmobiliarios, que bloquean anuncios que no dispongan de este código de registro obligatorio.