Castrobol cuenta con un parque de 111 unidades inmobiliarias. Dada su naturaleza de núcleo rural en Castilla y León, la tipología predominante son las viviendas unifamiliares de muros gruesos de piedra o adobe, muchas de ellas construidas antes de la normativa térmica de 1979. Por ello, es habitual encontrar calificaciones energéticas en las letras E, F o G. Estas viviendas suelen presentar grandes pérdidas de calor por la techumbre o ventanas antiguas. Para mejorar la letra y alcanzar una D o C, las intervenciones más efectivas en la zona climática C1 incluyen el trasdosado de muros con aislante térmico, el cambio de carpinterías por rotura de puente térmico y la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en entornos rurales.
El marco normativo nacional está definido por el Real Decreto 390/2021, pero la gestión administrativa recae en la Junta de Castilla y León. El órgano competente es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), donde se deben depositar los archivos digitales del certificado. Una vez registrado, se genera la etiqueta energética oficial que tiene una validez de 10 años, salvo que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Este documento es exigido por notarios y registradores en cualquier operación de compraventa en la provincia de Valladolid. La transparencia en este proceso es vital para evitar problemas jurídicos durante la firma de escrituras o contratos de arrendamiento.
La Ley 8/2013 establece sanciones severas para quienes incumplan la obligación de disponer del certificado. En Castrobol, al igual que en el resto de España, las multas pueden oscilar entre los 300€ y los 6.000€ según la gravedad de la infracción. Las infracciones leves incluyen anunciar la venta o alquiler de una vivienda sin mencionar su calificación energética. Las graves implican vender o alquilar sin entregar el certificado en vigor al comprador o arrendatario. Dado que Castrobol es un municipio tranquilo, los propietarios a veces desconocen que los portales inmobiliarios y las inspecciones de consumo cruzan datos automáticamente, detectando la falta de este documento de forma telemática y derivando en expedientes sancionadores evitables.