Según establece el RD 390/2021, solo los técnicos competentes con titulación habilitante pueden emitir este documento. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros industriales e ingenieros técnicos. En Cañizal, trabajamos con profesionales colegiados que poseen un profundo conocimiento del parque edificatorio zamorano. El técnico es responsable de realizar la inspección al inmueble obligatoria, donde verificará las dimensiones, la orientación de la fachada, el tipo de vidrios y los sistemas de generación de agua caliente sanitaria. Elegir un técnico con experiencia en la zona asegura que los valores de transmitancia térmica se ajusten a la realidad de la zona climática D3, evitando calificaciones erróneas que podrían penalizar el valor del inmueble.
El parque de viviendas de Cañizal, compuesto por unas 485 unidades, presenta una tipología predominantemente rural con viviendas unifamiliares de muros de carga gruesos y casas de autoconstrucción de mediados del siglo XX. Debido a la antigüedad de gran parte de las construcciones (anteriores al CTE de 2006), la calificación más frecuente oscila entre las letras E y G. Las viviendas que han reformado sus cerramientos con carpinterías de rotura de puente térmico o que han sustituido antiguas calderas de gasoil por sistemas de biomasa o aerotermia pueden alcanzar calificaciones D o incluso C. En esta zona, mejorar el aislamiento en cubiertas es la medida más eficiente para subir un escalón en la escala energética, dado que los inviernos en esta parte de Zamora son prolongados y rigurosos.
La normativa que regula la eficiencia energética en Cañizal emana del marco estatal del Ministerio para la Transición Ecológica, pero su gestión es competencia de la Junta de Castilla y León. El organismo encargado es el Ente Regional de la Energía (EREN), que gestiona el registro CEREN. Es fundamental que el certificado esté debidamente inscrito, ya que la simple posesión del informe técnico sin el número de registro oficial no tiene validez legal para contratos de compraventa o alquiler. La etiqueta energética emitida por la Junta tiene una validez máxima de 10 años, salvo que la calificación sea G, en cuyo caso la normativa actual reduce su vigencia a 5 años para fomentar la rehabilitación energética del parque más ineficiente.
El incumplimiento de la obligación de disponer de certificado energético puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las infracciones leves, como anunciar la venta de una vivienda en portales inmobiliarios sin mencionar la calificación, suponen multas de 300 a 600€. Las graves, como no entregar el certificado al comprador o arrendatario, pueden alcanzar los 1.000€. En un mercado como el de Cañizal, donde el alquiler residencial y la venta de casas de pueblo mantienen cierta actividad, la inspección de consumo y los notarios son cada vez más estrictos. Contratar su certificado es una inversión mínima comparada con el riesgo legal de carecer de él.