La normativa española, bajo el marco del RD 390/2021, estipula que solo técnicos competentes con titulación habilitante pueden emitir este documento. Esto incluye a arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales e ingenieros técnicos, quienes deben estar debidamente colegiados. Para una vivienda en Baralla, es fundamental que el técnico conozca las particularidades constructivas de la zona de Os Ancares y el valle del Neira. El profesional realizará una inspección al inmueble obligatoria para tomar datos sobre la envolvente térmica (muros, ventanas y cubiertas) y las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria. Elegir un técnico con experiencia en el registro gallego garantiza que no habrá errores en la tramitación administrativa y que la calificación obtenida sea fiel a la realidad de la vivienda.
El parque de viviendas de Baralla, compuesto por unas 1609 unidades, presenta una gran diversidad. En el núcleo urbano predominan edificios construidos entre 1970 y 1995, mientras que en las parroquias rurales abundan las viviendas unifamiliares de piedra, muchas de ellas anteriores a 1960. Debido a la dureza de la zona climática C1, las calificaciones más habituales en edificios antiguos oscilan entre la E y la G. Esto se debe principalmente a la falta de aislamiento en muros y al uso de carpinterías de aluminio sencillo. Sin embargo, en rehabilitaciones recientes o viviendas post-2007, es frecuente alcanzar letras C o D. Para mejorar la nota energética en Baralla, las intervenciones más efectivas suelen ser el trasdosado interior con aislante térmico y la sustitución de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia o biomasa, aprovechando los recursos locales.
El registro del certificado de eficiencia energética en Galicia es gestionado por el Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), dependiente de la Xunta. Todo certificado debe ser inscrito telemáticamente para que tenga validez legal. Este procedimiento asegura que la etiqueta energética entregada al propietario cuente con el código de registro y la firma digital de la autoridad competente. Las fuentes oficiales, como el Ministerio para la Transición Ecológica y el IDAE, recuerdan que el certificado tiene una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación es de clase G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es responsabilidad del propietario renovar el documento antes de su vencimiento si el inmueble sigue en el mercado de venta o alquiler.
Incumplir la obligación de disponer del certificado energético puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. En Baralla, las inspecciones suelen derivar de denuncias de consumidores o de la revisión de portales inmobiliarios. Las infracciones leves, como anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética, conllevan multas de 300€ a 600€. Las infracciones graves, como vender un inmueble sin entregar el certificado al comprador, pueden alcanzar los 1.000€. Por último, las infracciones muy graves, como falsear el resultado de la calificación, pueden suponer sanciones de hasta 6.000€. Además de la multa, el contrato de arrendamiento o compraventa podría ser impugnado por el interesado, generando un problema legal mayor para el vendedor.