Babilafuente presenta un parque de aproximadamente 641 viviendas, donde predominan las casas unifamiliares de planta baja o dos alturas y bloques de viviendas de construcción media. Gran parte de la edificación es anterior a la entrada en vigor del CTE de 2006, lo que suele resultar en calificaciones energéticas E o F debido a la falta de aislamiento en muros de carga y ventanas de vidrio sencillo. En viviendas rehabilitadas o de reciente construcción, es posible alcanzar una letra C o D. Para mejorar la etiqueta energética Babilafuente, las recomendaciones más efectivas suelen ser el trasdosado de fachadas con aislante térmico y la sustitución de antiguas calderas por sistemas de aerotermia o biomasa, muy eficientes en el clima salmantino.
La normativa de referencia es el Real Decreto 390/2021, que transpone las directivas europeas sobre eficiencia. En el ámbito autonómico, el órgano encargado de la gestión es el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). El registro es obligatorio y público; una vez tramitado, el propietario recibe la Etiqueta Energética, que incluye el número de registro y la validez del documento. La duración estándar es de 10 años, excepto si la calificación obtenida es una 'G', en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Es fundamental conservar este documento junto con el resto de la documentación técnica del edificio, ya que será exigido por el notario en el momento de la firma de escrituras.
El incumplimiento de la obligación de disponer de un certificado energético Babilafuente puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013. Las infracciones se dividen en:
- Leves (300€ a 600€): Por anunciar la venta o alquiler sin mencionar la calificación energética.
- Graves (601€ a 1.000€): Por vender o alquilar sin entregar el certificado al comprador o arrendatario.
- Muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear la información del certificado o actuar como técnico sin serlo.
Además de la multa, la ausencia del certificado puede invalidar el contrato de arrendamiento o paralizar una venta en la notaría, generando costes adicionales y retrasos innecesarios.