El parque de viviendas de Arrancacepas, compuesto por unas 59 unidades, se caracteriza por ser predominantemente de tipología unifamiliar rural. Gran parte de las construcciones son anteriores a la normativa térmica de 1979, lo que suele resultar en calificaciones energéticas bajas, habitualmente situadas en las letras E, F o G. Estas viviendas suelen presentar muros de mampostería o piedra con escaso aislamiento térmico y carpinterías de madera o aluminio sencillo. Dada la ubicación en la zona climática D3, donde los inviernos son rigurosos, las viviendas que han sido rehabilitadas con sistemas de calefacción modernos o ventanas de doble acristalamiento con rotura de puente térmico pueden aspirar a una letra D. En el caso de rehabilitaciones integrales que incluyan aislamiento SATE o aerotermia, es posible alcanzar calificaciones B o incluso A, lo que revaloriza significativamente el inmueble en el mercado inmobiliario conquense.
La normativa que rige la certificación en esta región es el Real Decreto 390/2021 a nivel estatal, complementado por las directrices de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El órgano encargado de gestionar estos expedientes es la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de su portal de registros energéticos. Una vez que el técnico colegiado finaliza el informe, debe inscribirlo telemáticamente en el registro autonómico para que la etiqueta tenga validez legal. Actualmente, Castilla-La Mancha no cobra tasas administrativas por el registro de viviendas existentes, lo que facilita el trámite económico para el ciudadano. Tras la validación, se obtiene un número de registro oficial que es obligatorio incluir en cualquier anuncio publicitario de venta o alquiler en portales como Idealista o Fotocasa, siguiendo las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
No disponer del CEE Arrancacepas ante una operación inmobiliaria conlleva riesgos legales y financieros importantes. Según la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, las sanciones se dividen en tres niveles. Las infracciones leves (como no exhibir la etiqueta en anuncios) oscilan entre 300€ y 600€. Las graves (vender o alquilar sin entregar el certificado) pueden alcanzar los 1.000€, y las muy graves (falsear el resultado) llegan hasta los 6.000€. En un municipio pequeño como Arrancacepas, el control suele producirse en el momento de la firma ante notario, donde la parte compradora puede exigir el documento, o bien por inspecciones de oficio en portales inmobiliarios. Además de la multa, el contrato de arrendamiento podría ser invalidado por el inquilino al carecer de una información esencial sobre el consumo energético de la vivienda.