Según establece el Real Decreto 390/2021, el certificado energético en Algar debe ser realizado por técnicos competentes que posean la titulación académica habilitante. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos debidamente colegiados. Es imperativo que el profesional realice una inspección al inmueble presencial para verificar datos críticos como el espesor de los muros, el tipo de vidrio en ventanas y la eficiencia de calderas o equipos de aire acondicionado. Contratar a un técnico con experiencia en la provincia de Cádiz asegura que el informe refleje fielmente la realidad constructiva de la zona, evitando posibles problemas en el proceso de compraventa ante notario.
Algar presenta un parque inmobiliario compuesto por unas 731 unidades residenciales, donde predominan las viviendas unifamiliares de arquitectura tradicional y autoconstrucción de mediados del siglo XX. Debido a que gran parte de estas construcciones son anteriores al Código Técnico de la Edificación de 2006, la calificación energética más habitual oscila entre las letras E y G. Estos inmuebles suelen carecer de aislamiento térmico en cámaras de aire y poseen ventanas de aluminio sencillo. En la zona climática A4, las mejoras más efectivas para subir de letra y reducir la factura eléctrica incluyen la instalación de sistemas de aerotermia, el trasdosado de fachadas con aislante mineral y, muy especialmente, la sustitución de carpinterías antiguas por PVC con rotura de puente térmico, lo que puede mejorar la eficiencia en un 30%.
El marco normativo que regula esta materia es el RD 390/2021 a nivel estatal, pero su gestión práctica depende de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. El registro oficial se realiza a través de la aplicación PUEA (Tramitación Electrónica de Certificados Energéticos de Andalucía). Es obligatorio que todo certificado esté debidamente inscrito para que tenga validez legal. Una vez registrado, la administración emite la etiqueta energética, que tiene una validez máxima de 10 años, excepto si la calificación es una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica supervisan que estos trámites cumplan con los objetivos de descarbonización del parque edificado español.
La Ley 8/2013 establece un régimen sancionador estricto para proteger a los consumidores. En Algar, no disponer del certificado energético al anunciar una vivienda en portales inmobiliarios puede acarrear multas leves de entre 300 y 600 euros. Si se vende o alquila un inmueble sin entregar el certificado original al comprador o arrendatario, la infracción se considera grave, con sanciones que pueden alcanzar los 1.000 euros. Las infracciones muy graves, como falsear el resultado de la calificación, pueden llegar hasta los 6.000 euros. Además de la multa económica, la falta de este documento puede paralizar una firma ante notario, provocando retrasos costosos en las operaciones de compraventa.