De acuerdo con el Real Decreto 390/2021, solo los técnicos competentes pueden suscribir estos documentos. Esto incluye a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros industriales e ingenieros técnicos, todos ellos debidamente colegiados. En Uña, es fundamental contar con un profesional que conozca la arquitectura tradicional de la Serranía, caracterizada por muros de carga gruesos y cubiertas de teja, para reflejar fielmente el comportamiento térmico del edificio. El técnico es el responsable de realizar la inspección al inmueble de forma presencial, tomar medidas de las estancias, revisar la carpintería exterior y analizar los sistemas de agua caliente sanitaria (ACS). No confíes en servicios que no garanticen la visita de un técnico colegiado, ya que el certificado carecería de validez legal y podría acarrear sanciones administrativas graves.
Uña presenta un parque inmobiliario reducido de 123 unidades, donde predominan las viviendas unifamiliares de tipología rural y algunas construcciones destinadas al turismo activo. Debido a la antigüedad de gran parte de los edificios, muchos de ellos construidos antes de la normativa de aislamiento de 1979, la calificación energética más habitual oscila entre la E y la G. Estas viviendas suelen presentar pérdidas de calor significativas a través de los muros de piedra o mampostería si no han sido rehabilitadas. Sin embargo, propiedades que han incorporado estufas de biomasa o pellets (muy comunes en Cuenca) y han renovado sus ventanas por sistemas de PVC con rotura de puente térmico pueden alcanzar fácilmente una letra D. En el caso de obra nueva o rehabilitaciones integrales, es posible aspirar a calificaciones B o C, lo que incrementa notablemente el valor de mercado del inmueble en la zona.
La normativa que rige el certificado de eficiencia energética en Uña emana del marco estatal RD 390/2021 y se gestiona a nivel autonómico a través de la Dirección General de Transición Energética de Castilla-La Mancha. Es obligatorio registrar el documento en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la comunidad para que tenga validez legal frente a terceros. El propietario tiene la obligación de conservar este documento y entregarlo al comprador o mostrarlo al arrendatario. Las fuentes oficiales como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que la etiqueta energética debe estar incluida en cualquier anuncio publicitario de venta o alquiler. Una vez registrado, el certificado tiene una validez de 10 años, a menos que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez máxima se reduce a 5 años según la última actualización legislativa.
La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece un régimen sancionador estricto para quienes incumplan la obligación de disponer del CEE. En un municipio como Uña, donde el mercado de alquiler vacacional y residencial es relevante, la falta de este documento puede detectarse fácilmente en portales inmobiliarios. Las multas se dividen en tres niveles: las leves (300€ a 600€) por anunciar el inmueble sin mencionar la calificación; las graves (601€ a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado válido; y las muy graves (1.001€ a 6.000€) por falsear los datos del documento. Además del riesgo económico, el contrato de arrendamiento podría ser impugnado y el comprador podría exigir responsabilidades por vicios ocultos si no se informó correctamente sobre el consumo energético de la vivienda.